Para entender la importancia y necesidad de cumplir nuestro mandato con transparencia y probidad, primero tenemos que asumir que ¡la soberanía reside en el pueblo! Así es: el pueblo delega parte de su soberanía a las autoridades que elige y a las que han sido designadas por estas autoridades.
Por eso, las autoridades deben cumplir su función pública sirviendo al bien común, haciéndose responsables de sus actos y respondiendo a la ciudadanía a través de la rendición de cuentas.
A su vez, la ciudadanía tiene el derecho de participar de la gestión, supervisarla, fiscalizarla, criticarla o aprobarla, en ejercicio de sus derechos humanos.
La participación: un derecho humano
El derecho a participar de los asuntos públicos está reconocido tanto en la Constitución de Colombia, como en instrumentos internacionales de derechos humanos. Este derecho no solo es relevante por sí mismo, sino también porque es una herramienta para que la ciudadanía pueda exigir y velar por que los estados cumplan con su obligación de garantizar todos los derechos humanos.
En la Constitución de Colombia, el derecho a participar está en el Título 4, Capítulo 1 “De las formas de participación democrática”, artículo 103:
“(..) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (extracto).
Y también en normas internacionales de derechos humanos, que reconocen este derecho para todos los seres humanos, sin ninguna distinción (ni por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra).
¡Veamos!
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La participación ciudadana está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21:
Además se establecen otros derechos que garantizan la participación, como la libertad de expresión, de manifestación y de asociación.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
En el artículo 25 de este pacto, ratificado por Colombia en 1969, dice:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
Colombia ratificó este pacto en el año 1973. En su artículo 23 detalla los Derechos Políticos consagrados en la Convención:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
Una condición para la democracia
La participación ciudadana y el acceso a la información son condiciones necesarias para la democracia. Porque si las autoridades públicas actúan bajo el mandato del pueblo, la ciudadanía debe contar con mecanismos para acceder a la información sobre los asuntos públicos, evaluar el actuar de quienes la representan y así velar por el cumplimiento de la probidad.
Cuando no hay transparencia y/o se generan actos de corrupción, las autoridades se desvían del fin público que las debiera orientar y, tanto ellas como las instituciones, se deslegitiman. Así, se va dañando la institucionalidad democrática.
Por eso, la rendición de cuentas y la transparencia tienen tanta importancia hoy en las democracias. Los estados cada vez toman más medidas para garantizar la integridad de las finanzas públicas, prevenir la corrupción, garantizar el derecho humano a la participación y disuadir las malas prácticas.
Desde finales de 1990, surgieron importantes instrumentos internacionales para luchar contra la corrupción. Todos han sido suscritos por Colombia:
- La Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
- La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales en 1997, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004, de la ONU.
