Las instituciones de las sociedades modernas: el mercado, la educación y producción de conocimientos, y el Estado se asientan en la división entre los espacios privados y públicos, en la distinción de un poder patriarcal que se ejerce en los espacios privados y de un poder político que rige las relaciones entre ciudadanos/as en los espacios públicos.
La división que mencionamos se construye simbólicamente a partir de la división sexual del trabajo y de la afirmación de la existencia de supuestas diferencias naturales y de atributos entre hombres y mujeres. Las mujeres son definidas como cercanas a la naturaleza, dominadas por sus emociones y ciclos biológicos, pacientes, dependientes y abnegadas. Con estas razones se legitima la asignación de ellas a los espacios privados que son regidos por supuestas leyes naturales, pero que en verdad son expresión de relaciones de poder patriarcales.
El poder patriarcal se expresa en el dominio de los hombres sobre la sexualidad, trabajo y tiempo de las mujeres; en la dependencia económica y la falta de autonomía de ellas, las que están encargadas de reproducir biológica y socialmente a las nuevas generaciones y asegurar la subsistencia cotidiana de las familias.
La permanencia en los espacios privados las excluye de los espacios públicos y de la política, donde se debaten los problemas públicos, se construyen las instituciones y se acuerdan los derechos y deberes ciudadanos.
De acuerdo con esta división sexual de espacios, los hombres ingresan al mercado laboral y ganan un salario familiar que les permite proveer a las familias. Son ellos los que, en tanto individuos “libres” e “iguales”, participan de espacios públicos y políticos, establecen acuerdos, definen valores y principios y las normas que rigen la convivencia social. Son las élites masculinas quienes han definido los marcos jurídicos que condicionan la posición de las mujeres dentro del matrimonio, su acceso a los bienes y la herencia y que regulan también el sistema de filiación de los hijos. De esta manera, se entiende que durante mucho tiempo el control de la sexualidad de las mujeres y la violencia ejercida sobre ellas no fuesen considerados problemas públicos que debían ser debatidos y merecer la acción del Estado.
Las fronteras que separan los espacios privados y públicos, así como los contenidos atribuidos a cada uno de ellos, se han ido modificando en el tiempo de acuerdo con las tradiciones filosóficas, el desarrollo y características del capitalismo y los contextos históricos culturales. Sin embargo, ha sido la teoría y práctica feminista la que ha interpelado y desplazado con más fuerza los límites entre lo privado y público:
En breve, las teorías y prácticas feministas han puesto de manifiesto el carácter sistémico del orden de género. La división de los espacios públicos y privados, el doble poder político y patriarcal, los discursos y las normas institucionales permeadas de sesgos de género condicionan las prácticas e interacciones sociales de las mujeres en los espacios públicos y privados, moldeando sus aspiraciones y expectativas de proyectos personales.
Como dice Joan Scott el género es una dimensión presente en todas las relaciones sociales y las relaciones de género están condicionadas de manera compleja y difícil de descifrar por el conjunto de instituciones y relaciones sociales.
La economía, como la vivimos hoy en Chile, ha perdido el sentido social: produce para el mercado y no aborda la reproducción social de la población.
Preguntémonos cuál es la finalidad de nuestro sistema económico, según lo que existe hoy: ¿Qué se produce? ¿Para qué o para quiénes? ¿Resuelve nuestras necesidades y aspiraciones? ¿Nos apoya en nuestras crisis o períodos problemáticos, como la enfermedad, la cesantía, la vejez? ¿Reconoce y protege el trabajo doméstico y de cuidado de las personas que realizan principalmente las mujeres en sus hogares? ¿Cuida el medio ambiente? ¿Nos garantiza la conservación de los elementos básicos como la tierra y el agua, y los derechos asociados a ellos? ¿Nos asegura nuestra salud ante las epidemias? ¿Nos ofrece los medios para decidir nuestra procreación? Estas y otras muchas preguntas pretenden buscar respuestas que reorienten la finalidad de nuestro sistema económico para recuperar lo que consideramos una vida sostenible para todes.
Vivimos en una sociedad en la que la economía se concibe como las actividades que conducen a producir bienes y servicios con valor monetario intercambiadas en el mercado. Es decir:
La suma de estos valores producidos, transados y que originan ingresos es denominada Producto Interno Bruto (PIB) y, como vemos constantemente, el éxito o fracaso de la gestión económica de un país se mide por el nivel y el crecimiento de esta suma de bienes.
¿Da ello respuesta a nuestras preguntas? ¿Necesitamos otras mediciones y otras categorías para saber si vamos bien o estamos en el rumbo equivocado?
Hay otros índices, como el de Desarrollo Humano, pero, aunque mide y publica sus resultados, éstos no están integrados ni influyen en el funcionamiento económico. Tampoco nos basta un promedio general o un resultado nacional.
Aunque nos limitemos a esa producción valorada monetariamente hay injusticias asociadas a su distribución entre estamentos y grupos sociales: hay territorios que reciben más que otros, los hombres reciben más que las mujeres, los que tienen poder de mando reciben más que el resto… incluso el origen étnico y social pesa en la distribución de la riqueza producida. En nuestra sociedad hay jerarquías establecidas que queremos explicitar, revisar y cambiar.
La mejor guía sobre cómo estamos la dio el estallido social de octubre de 2019 con las demandas que levantaron la movilización popular y los feminismos: salud, educación, pensiones, condiciones laborales, desigualdades de ingreso, derechos sexuales y reproductivos, aborto sin condiciones, vida sin violencia, medioambiente y dignidad. La deuda de la economía con la población tiene todas esas caras.
Ha perdido su finalidad porque la ha reemplazado por el crecimiento de una masa de valor monetario y no por el tipo de vida que la población requiere y aspira como compensación a sus esfuerzos y a sus carencias. Es lo que podemos llamar “bienestar de las personas” como la finalidad de la economía.
Es incompleta porque sólo considera los medios producidos y los servicios para el uso y consumo de la población, sin tomar en cuenta cómo contribuyen los hogares a la reproducción social. Las feministas vemos el sistema económico completo, es decir, compuesto por la producción monetaria y también por la enorme producción que se realiza en los hogares, sin la cual la economía no se sostiene.
Esta otra área de la economía comprende el trabajo de mantener los espacios de vida mediante la compra y procesamiento o utilización de bienes (alimentos, detergentes, artículos de limpieza, herramientas, medicamentos), en dar y encontrar cobijo emocional en la familia, en proveer servicios varios para la vida cotidiana y en gestionar y suplementar lo que proveen los sectores público y privado a la familia, como educación, salud, transporte. Son las tareas de trabajo doméstico y de cuidado, llevadas a cabo principalmente por mujeres como su obligación, su compromiso, su identidad definida por el sistema social de género.
Así, si una madre cuida a su niño ella no desarrolla trabajo productivo, pero si al niño lo cuida alguien pagado para ello o lo cuidan en una institución, es trabajo productivo. Lo mismo ocurre con los cuidados de ancianos, enfermos y muchos otros dependientes de la vida familiar. En ambos casos la acción o el servicio existe, se lleva a cabo y produce un bienestar final igual, similar o comparable.
Pero el PIB o la medida económica deja fuera de su medición la primera alternativa, que forma parte del bienestar logrado. También deja fuera parte de los costos de la sobrevivencia, por ejemplo, cuando el hospital ahorra días-cama enviando al enfermo/a para ser cuidado en su casa. Disminuye un costo institucionalizado y es reemplazado por un costo individual no computado.
Sabemos que el sistema de género ha hecho responsable a las mujeres de estas provisiones, que desvaloriza estas tareas y a quienes las realizan, que en las familias privilegia al proveedor monetario, que les ha hecho difícil a ellas utilizar su creciente nivel educacional para lograr mejores empleos y salarios, que ni siquiera acceden a la soberanía de sus cuerpos y de su reproducción.
También sabemos que este modo de vida y producción económica ha puesto en tensión los tiempos de las mujeres a medida que se han incorporado al mercado laboral, y que esta concepción que hemos llamado división sexual del trabajo está en el origen de la discriminación y desvalorización de las mujeres.
Este nudo es abordado con la idea de recuperar el sentido y el papel del trabajo doméstico y de cuidado, poniéndolo como eje central de la sociedad que queremos y como condición indispensable, aunque no suficiente, para terminar con la desvalorización de las mujeres. Cambiar el centro quiere decir que queremos producir bienestar, sobrevivencia, vida grata… lo que se ha denominado sostenimiento de la vida.
Como ya se ha dicho, es posible identificar diversas injusticias económicas de género, especialmente al mirar de una forma integral a la economía en todas sus dimensiones, en forma amplia, tanto la que produce bienes y servicios, como la contribución que hacen los hogares a la reproducción social. En este sentido, surgen como temas esenciales los dos trabajos que realizan las mujeres, en el mercado de trabajo remunerado y en el trabajo reproductivo no pagado, y las pensiones, como uno de los pilares de la seguridad social que requieren hombres y mujeres.
El sistema de cuidado está en crisis en nuestro país porque las mujeres han aumentado rápidamente su participación en el mercado laboral, en un sistema que no se compromete con los cuidados ni en lo público, ni en los hogares, ni comunitariamente. El ajuste se está dando en el aumento de los tiempos de trabajo de las mujeres, que no tienen descanso entre sus dos trabajos: mercantil y familiar.
En 2015, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INE (ENUT), los hombres ocupados trabajaban 8,64 horas en su empleo y en labores para el hogar en un día tipo (trabajo global), en tanto las mujeres ocupadas empleaban 10,54 horas por día tipo en sus dos trabajos. Las ocupadas tienen una carga mayor de trabajo para el hogar y el bienestar de la familia y al mismo tiempo jornadas más cortas, en promedio, en el trabajo remunerado.
En 2018, la jornada semanal promedio en el trabajo remunerado fue de 43,5 horas para los hombres y 38,1 para las mujeres.
También están las mujeres que deciden (o se imponen) no trabajar en el mercado y trabajar solamente para el hogar. En 2018 (promedio anual) hubo 4.914.178 hombres y 3.475.733 mujeres, de 15 y más años, en el mercado laboral. Aproximadamente 1.400.000 mujeres menos que los hombres. Comparando las razones por las que hombres y mujeres no trabajan remuneradamente, encontramos un desbalance que complementa el anterior. Entre otras razones, hay 44.510 hombres y 1.388.592 mujeres que se declaran fuera de la fuerza de trabajo por “razones familiares permanentes”. ¿Qué podemos decir del reparto del trabajo doméstico, de gestión, de cuidado, entre hombres y mujeres? Si las “razones familiares” se resolvieran más amigablemente para las mujeres en la sociedad y en las familias, desaparecerían las diferencias en la participación laboral por sexo.
La carga de trabajo doméstico y de cuidado en los hogares es mayor que la señalada y, en parte, se resuelve por mujeres asalariadas: en 2018 hubo 285.124 mujeres y 7.322 hombres clasificados como “Personal de servicio doméstico”, según los datos proporcionados por el INE.
Un criterio básico a aplicar, tanto en los principios constitucionales como en las reglamentaciones posteriores, es que la distribución del tiempo de trabajo global, considerando el trabajo dedicado al bienestar de los miembros del hogar, comprendido el cuidado, entre instancias de todo tipo y entre sexos y disidencias permita que hombres y mujeres contribuyan con sus tiempos por igual, de manera que las mujeres recuperen el tiempo de libre disposición para ellas, que les ha sido expropiado en el capitalismo neoliberal.
Para fines analíticos, en esta parte hablaremos de las dificultades y desventajas que enfrentan las mujeres al ingresar al trabajo remunerado, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la mayor parte de ellas están relacionadas con el “otro” trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, que no es remunerado.
Las dificultades en la inserción al mercado del trabajo remunerado de las mujeres se expresan de distintas maneras:
En relación con las dificultades una vez insertas en el trabajo remunerado, ellas acceden a empleos de peor calidad y más precarios:
Los procesos de división sexual del trabajo al interior de los hogares están relacionados con la segregación ocupacional y la discriminación social presentes en la estructura del mercado laboral. Las mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones específicas menos valoradas social y económicamente –segregación de tipo horizontal-: tres de cada cuatro ocupadas (74,8%) en 2019 trabajaba en siete de las quince ramas de actividad económica, principalmente en:
Por otra parte, existe la segregación de tipo vertical, que alude a una desigual distribución y concentración de mujeres y hombres en los niveles de poder de decisión, de mando y de responsabilidad. Las mujeres están menos representadas en los puestos de trabajo de alta responsabilidad. Todas estas desventajas mencionadas van a tener consecuencias al momento de pensionarse.
Lecturas para profundizar:
La seguridad social es un instrumento de justicia social y ha sido considerada como un derecho fundamental. Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (OIT).
La seguridad social incluye, entre sus principios, el de la universalidad, es decir, proteger la integralidad de las personas. Sin embargo, en la mayor parte de los países operan, en general, a partir de la presencia de seguros sociales que se basan en el impuesto al salario: cada trabajador o trabajadora y su empleador aportan al sostenimiento del sistema, determinando las formas en que se distribuirán las oportunidades entre los distintos miembros de la sociedad.
En el caso de las mujeres, la injusticia se deriva de la falta de reconocimiento del trabajo reproductivo, su menor inserción en el trabajo remunerado y en condiciones más desventajosas.
Las pensiones como parte de la seguridad social son un mecanismo de protección social para proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de autogeneración debido a la edad avanzada (derechos y beneficios de vejez), discapacidad (derechos y beneficios de invalidez) o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingresos de una familia (derechos y beneficios de sobrevivencia).
En el caso de Chile, el sistema de pensiones en el año 1980 fue cambiado desde un sistema de reparto que existía hasta ese momento por uno de capitalización individual o ahorro forzado, a través del cual se financian las pensiones de las y los trabajadores chilenos y que son administradas por entidades privadas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Luego de veinticinco años, comenzó una preocupación respecto del funcionamiento del sistema de capitalización individual, de modo que se planteó identificar e implementar reformas necesarias para mejorar su desempeño. Es así como se comenzó a percibir la necesidad de ampliar la cobertura de las pensiones, mejorar el monto de los pagos, atender a la población más vulnerable y a quienes no están cubiertas, o bien trabajan en empleos informales o en labores domésticas en sus hogares.
En 2008 se introduce un pilar solidario, administrado y subsidiado por el Estado. El pilar solidario tiene dos tipos de pensiones: la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS) que es una transferencia para las/los adultos mayores de 65 años pertenecientes al 60% más pobre y el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) que es un complemento a las jubilaciones más bajas para la población perteneciente al 60% más pobre.
Diez años después, cuando ya se estaban pagando casi un millón de pensiones de vejez, por edad y anticipadas, y ya existía una primera generación que ha cotizado íntegramente en el sistema de cuentas individuales en las AFP, la Fundación SOL realizó una evaluación luego de cuarenta años de funcionamiento del sistema. El diagnóstico es muy preocupante, pues los montos de las pensiones son absolutamente insuficientes, problema que se agrava aún más en el caso de las mujeres: “… prácticamente el 80% de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo y solo un 12,5 % alcanzó una pensión total superior a $472 mil”.
El fracaso del actual sistema de pensiones fue una de las demandas que se expresaron en estallido social de octubre de 2019 y anteriormente hubo varias marchas históricas, convocadas por la coordinadora “No más AFP”. Las razones de los pésimos resultados son variadas, una parte relevante de las desigualdades se derivan del sistema de pensiones mismo, su concepción, diseño y funcionamiento y afecta a todas las personas que se pensionan, pues los riesgos de la vejez están individualizados y no existe un principio de un seguro social con transferencias intergeneracionales, entre personas de ingresos altos y bajos, entre hombres y mujeres. El sistema, tal como fue diseñado, tiene una lógica individualista en que cada afiliada/o, puede “decidir” en cuál de los fondos quiere permanecer, a qué edad se va a pensionar, si quiere/puede ahorrar para eventualmente incrementar su pensión y solo considera el trabajo productivo y formal realizado durante la vida laboral.
A pesar de que se han introducido algunas modificaciones al sistema de capitalización individual para corregir las desigualdades de género, como es el pilar solidario, el bono por hijo y la compensación por divorcio, las evaluaciones realizadas dan cuenta de la dramática situación de las mujeres al momento de pensionarse. Los factores que explican esta desigualdad en las pensiones de vejez se derivan básicamente del diseño y funcionamiento del sistema de AFP mismo, de las posiciones de género y relaciones de poder desiguales, y de las condiciones desventajosas que enfrentan las mujeres en el mercado del trabajo.
En relación con el diseño y funcionamiento del sistema de AFP, el hecho que el financiamiento del sistema sea en base al ahorro individual, perjudica a las mujeres. Ellas tienen menos años para acumular fondos en sus cuentas individuales, por la menor edad de retiro de las mujeres a los 60 años; porque tienen un promedio de expectativa de vida mayor, son castigadas al aplicarles tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo del monto de la pensión.
En segundo lugar, las posiciones de género y relaciones de poder desiguales, el sistema de pensiones de AFP no garantiza los ahorros previsionales y el derecho a prestaciones suficientes, al ser valorado exclusivamente el trabajo productivo que se realiza para el mercado y no considera el conjunto de tareas que se realizan primordialmente fuera del mercado en la esfera privada del hogar, como son el trabajo doméstico y de cuidados de cargo de las mujeres. Todo ello implica interrupciones laborales de las mujeres en edades reproductivas y/o de crianza por los permisos maternales, por ejemplo, y de aquellas que tienen la responsabilidad de cuidar a adultos mayores o enfermos dependientes.
Por último, las condiciones que enfrentan las mujeres en el mercado del trabajo: el mercado de trabajo remunerado en Chile es muy heterogéneo, por lo tanto, no es posible generalizar, dada la gran desigualdad económica y social de la población. Sin embargo, en el caso de las mujeres es importante considerar que existen problemas estructurales, como es la división sexual del trabajo y la inequitativa distribución del trabajo doméstico y de cuidados en las familias, que se manifiestan en el acceso desigual y en el tipo de inserción al trabajo remunerado.
Lecturas para profundizar
Hay injusticias económicas de género en desmedro de las mujeres en la distribución de recursos como la tierra, el crédito, el capital, los bienes materiales y de consumo, la cobertura de riesgos vitales, el trabajo y sus retribuciones. Las variadas discriminaciones que sufren en el mercado laboral y en el sistema de pensiones se originan en el hecho que ellas desempeñan dos trabajos, sustentando la reproducción social.
La injusticia distributiva no se resuelve si no se comprende la interrelación entre producción y reproducción, y lo injusto que resulta mantener la división sexual del trabajo y la separación entre lo público y lo privado, separación que es funcional para no reconocer el trabajo de reproducción y cuidado que se lleva a cabo en los hogares.
Considerar el conjunto ampliado del sistema económico, en su área mercantil y en la de producción de bienestar, permite tener más claridad sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en situaciones de crisis, con la visión tradicional se observa la caída del PIB, de la producción de las empresas, de la inversión, del empleo remunerado y del consumo de las familias.
La visión ampliada, en cambio, permite ver lo que ocurre con la producción al interior de las familias, con los tiempos disponibles, con la sustitución de consumos, con los gastos y actividades que se postergan, con los hijos que no nacen, la presión de la violencia intrafamiliar, los nuevos hogares que no se forman, los estudios que se interrumpen, con las expectativas y valores morales transmitidos por la familia, en suma, con la caída del bienestar. Caída que también repercute en la reproducción de la fuerza de trabajo con la que tendrán que contar las empresas en el ciclo de recuperación.
Por otra parte, se puede comprender mejor lo que hoy parecen “interrupciones” miradas desde la vida laboral. Las crisis de pareja, los embarazos, la maternidad, la enfermedad, la muerte, los avatares de los hogares son tratadas como “pérdidas económicas,” como lo es en el presente la crisis del COVID 19 para la economía. En cambio, si se consideran parte integral y no evitable del funcionamiento económico tendrán que tener soluciones dentro del sistema y no como problema individual o del hogar. La universalidad de los seguros, en su versión monetaria, o de las ayudas, en su versión de cuidado, repararían la injusticia que hoy tienen los “no protegidos” por el sistema.
La legislación laboral tiene impactos no examinados sobre la producción de bienestar en los hogares. Y hablamos de producción, pero en realidad estamos hablando de mujeres que la llevan a cabo y que por ahora sostienen los vaivenes del mercado de consumo y laboral.
El sistema liberal se basa en las necesidades individuales resueltas por empresas proveedoras. Pero para ello, la expresión de las necesidades debe ser monetaria, ya sea financiada por los ingresos o por subsidios otorgados a los demandantes. La demanda monetaria no es expresión de todas las necesidades, es expresión de las necesidades de aquellos con poder de compra generado mercantilmente y/o modificado por la intervención del gobierno. Pero el cuidado no es una demanda monetaria, es una demanda social que debe ser resuelta por la sociedad.
Un buen ejemplo actual es la producción, distribución y uso de vacunas para Covid 19. La mayor parte se han producido por laboratorios y marcas de empresas privadas, otra parte por universidades y en algunos países por organismos estatales. Se venden con ganancia y se pagan por las patentes. Pero la demanda por vacunas no tiene expresión monetaria, es una necesidad social. Las compran el gobierno con fondos públicos y las aplica mediante el servicio público de vacunación. Se ha cubierto una necesidad social de salud pública con intervención gubernamental. La economía mercantil por sí sola no habría resuelto esta necesidad, aunque posee la infraestructura necesaria (conocimientos, procedimientos, investigación) para producir vacunas y para inocular en centros privados de salud. Pero es incapaz de responder a una demanda social extendida que no tiene poder de compra suficiente.
De manera similar, el cuidado puede ser considerado un bien público, el de la población cuidada. Es una necesidad demandada por todos, con distintas intensidades en distintos momentos de la vida. Aquí no sólo concurren a satisfacerlo las empresas (que venden el servicio), los trabajadores por cuenta propia o asalariados que lo proveen por el mercado, en las instituciones públicas proveedoras de servicios de cuidado, los hogares como un intercambio entre todos sus miembros, sino también las comunidades y todas las formas creativas que vayan surgiendo en un ambiente que lo considere prioritario. Es decir, un ambiente que lo reconozca constitucionalmente y le dé prioridad en los presupuestos públicos y municipales, en las nuevas leyes, en la reorganización de los trabajos remunerados, en la solidaridad entre trabajadores independientes, en el pago remunerado a quienes lo desempeñen en su familia, en todas las formas de cubrirlo que se irán diseñando.
Establecer un derecho es facilitar la vida a quienes lo necesitan y quieren recurrir a él. No es contradictorio con la libertad de elección, al contrario, la amplía. Si el cuidado llega a ser una actividad valorizada quienes decidan hacerlo directamente no se verán discriminados en otras áreas, como la laboral o social. Junto con permitir soluciones creativas se podría lograr total libertad de elección, como en las decisiones de aborto y de divorcio.
Poner el cuidado como eje central del sistema económico, reconocido en la Constitución, lo que significa que su continuidad y contingencias estén cubiertas con prioridad por sobre otras utilizaciones de recursos. Similar a la salud pública, a una epidemia, a los desastres naturales, a una guerra, que se imponen prioritariamente por sobre el resto. En este caso se trata de la continuidad de la vida y de la reproducción social, sin la cual la economía no tiene sentido.
Contempla un nuevo diseño del sistema económico donde se visualiza todo el trabajo desplegado entre sectores y se revelan las relaciones entre ellos. La reproducción social se acepta como la finalidad de la economía, el trabajo de cuidado se hace explícito y todos los sectores lo incorporan en su actividad. La igualdad de género se persigue en todo el circuito y no queda sometida a la división público privado, ya que la reproducción es de responsabilidad social y de ambos sexos y disidencias.
Somos todos. Como lo escribió una feminista, Antonella Picchio en Taylor and Francis (2005):
“El bienestar es un estado del proceso de reproducción social que requiere bienes de consumo y materias primas, así como servicios pagados (del Estado y del mercado) y trabajo no pagado en los hogares y la comunidad. Proceso que se lleva a cabo en un contexto institucional que involucra a las familias, las instituciones estatales, las empresas, los mercados y las comunidades”.
Si se asienta el principio de la responsabilidad social del cuidado en la Constitución, será posible comprometer a todas estas instancias y a ambos sexos en su realización. Se irá decidiendo políticamente el ingreso básico, el pago de pensiones a quienes han realizado exclusivamente trabajo de cuidado no remunerado y otras medidas de reconocimiento y/o compensatorias. La Constitución debería dejar la puerta abierta para modificaciones en las normas y en las leyes que sean consecuentes con este principio.
En la mirada restringida a la economía mercantil, las personas aparecen como individuos plenos, capaces, trabajadores o inversores, dueños de su independencia. Utilizan su trabajo o aptitudes para vivir la vida según lo que consiguen individualmente. No se desvela lo que hay tras ellos, no se conoce ni valora la dependencia doméstica, la dependencia afectiva, la dependencia de cuidados que deben resolver para aparecer en el mercado laboral. Cuando se hace diferenciación por sexo y se ve en el trabajador una mujer, sí se indaga por su dependencia, o más bien, por sus dependientes y la carga que le suponen, por su estado marital, por sus proyectos de maternidad. Se supone a unos sin carga adicional y a unas con la de ellas más la de otros.
Al mirar las dos áreas de la economía, la que produce bienes y servicios y la que produce bienestar, se demuestra que todos somos interdependientes, ya sea de un ingreso, ya sea de un cuidado. El compromiso social sobre el cuidado permite reconocer las dependencias y buscar soluciones de forma que no recaigan en ningún grupo específico: mujeres, abuelos/as, adolescentes, desempleados, familiares empobrecidos.
En el debate constitucional proponemos:
Distintos factores han contribuido a hacer visibles las injusticias económicas que experimentamos las mujeres. El motor fundamental para el reconocimiento de las injusticias de género ha sido la emergencia de movimientos feministas a lo largo de la historia y los conocimientos producidos por sus integrantes, que rescatan y analizan las experiencias de vida de las mujeres que trabajan dentro y fuera del mercado laboral. En esta videoaula, aprendamos más sobre la justicia económica junto a Virginia Guzmán.