La probidad, transparencia y rendición de cuentas son conceptos relevantes en la teoría democrática por cuanto son expresivos del mandato que los pueblos entregan a sus autoridades en virtud de la soberanía popular.
La soberanía reside en el pueblo
El pueblo delega parte importante del ejercicio de tal soberanía en las autoridades que elige para ello y, de forma derivada, en aquellas autoridades nombradas por las autoridades que fueron electas.
Delegadas por la ciudadanía
En calidad de delegatarias respecto de la ciudadanía, las autoridades cumplen su función pública sirviendo el bien común, en las formas que prescribe la ley y sujetas a responsabilidad por sus actos.
Esta responsabilidad puede ser de diverso tipo:
- Política: si se lleva a cabo o no el programa político votado por la ciudadanía, por ejemplo⎯;
- Funcionaria o administrativa: si se actúa conforme a la ley en este ámbito⎯;
- Penal: si se trata de delitos⎯;
- Civil o patrimonial.
Entre los deberes de las autoridades públicas se encuentra el de responder ante la ciudadanía ⎯que es “mandante”⎯, dando cuenta de su gestión.
La ciudadanía debe participar de la gestión, supervisarla, fiscalizarla, criticarla o aprobarla, todo en ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, manifestación, petición y también de participación.
Participación ciudadana y acceso a la información
Esta forma de participación de la ciudadanía ha ido cobrando cada vez una mayor importancia en las democracias actuales. Se ha avanzado desde una noción de libertad de acceso a la información pública, a una de derecho al acceso a la información, cambio de palabras que pone de relieve el deber del Estado de ofrecer plataformas con tal información, de forma activa y no solo como respuesta a requerimientos que los ciudadanos puedan hacer puntualmente.
Esto también se relaciona con el hecho de que el poder público, en relación con la ciudadanía, debe proceder con especial cautela y consideración, por la asimetría que existe entre un Estado que tiene todo el poder de la institucionalidad a su disposición para obrar y una ciudadanía muchas veces indefensa frente a la burocracia.
Por otra parte, la transparencia y la rendición de cuentas comprometen la integridad de las finanzas públicas, esto es, los medios económicos con que el poder cuenta para llevar adelante su función de satisfacción del interés público.
La corrupción es una limitación para el ejercicio de los derechos humanos, pues un Estado desfinanciado por prácticas de corrupción no puede promover, garantizar, ni defender estos derechos.
La exigencia de rendir cuentas es, en definitiva, una regla de responsabilidad democrática que pesa sobre las autoridades públicas y una herramienta para la disuasión de las malas prácticas.
Departamento de Servicios Legislativos y Documentales. Programa de Formación Cívica (2018). Guía de formación cívica. Biblioteca Congreso Nacional. Gruenberg, C. y Biscay, P. (2007). Corrupción y derechos humanos. Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos. Lauzán, S. y Toro, C. (2009). Anti-corrupción: Actualizando los desafíos. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH (2003). La corrupción y sus repercusiones en el pleno
Referencias
disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales (informe).
