¿Crees que es importante la participación de la ciudadanía en las decisiones que nos afectan a todos y a todas? 

Esta guía busca introducirte en los conceptos sobre la participación ciudadana como un derecho, junto a nociones de por qué es relevante, en especial en el momento que estamos viviendo como país. 

Aquí encontrarás definiciones de términos que son útiles de manejar para una adecuada comprensión de la participación ciudadana y una breve lectura del contexto país desde el prisma de la participación -junto a desafíos y necesidades que derivan de dicha lectura-.

Algunas definiciones útiles

• Participación formal: involucramiento en los asuntos públicos a través de mecanismos regulados por leyes, como votar por representantes a cargos electos o en decisiones que se sometan a plebiscito, o formar un partido político. 
• Participación informal: involucramiento en los asuntos públicos por vías no establecidas por ley, pero que sí están protegidas legal o constitucionalmente. Por ejemplo: las protestas y manifestaciones, a las cuales tenemos derecho por tratarse de una forma de libertad de expresión o derecho a reunión. Este tipo de participación puede darse espontáneamente, a diferencia de la participación formal que responde a una planificación previa.
• Mecanismos vinculantes: son instancias de participación que obligan a las autoridades y a los gobiernos a actuar de una forma determinada, dependiendo de los resultados que surjan de la misma. En este sentido, vinculan las opiniones o decisiones que se toman a través de ese mecanismo con un resultado posterior. Las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, y los plebiscitos son ejemplos de mecanismos vinculantes, donde el resultado lo dicta la ciudadanía y se materializa en un cambio concreto.
• Mecanismos no vinculantes: son vías de participación que no tienen la obligación de materializarse en alguna consecuencia concreta, aunque sean convocados por una autoridad. Este es el caso de ciertas consultas comunales o los Encuentros Locales Autoconvocados del proceso constituyente de 2016, por ejemplo. 
• Incidencia política: es el acto de influir en la toma de decisiones públicas. Hacer incidencia muchas veces se trata de convencer a autoridades de una postura ciudadana o privada. Solicitar audiencias por Ley de Lobby o exponer en comisiones parlamentarias son maneras de hacer incidencia, aunque habitualmente se requiere de una estrategia más grande y compleja para lograr correr los cercos de lo posible, involucrando diversos hitos más que un evento aislado.
• Democracia representativa: la ciudadanía delega poder a autoridades y/o gobiernos a través de su voto. En el caso chileno, nos representan, por ejemplo, las personas electas en el Parlamento y la o el Presidente de la República. Este sistema parte de la base de que nuestras y nuestros representantes velarán por los intereses de quienes representan, sin embargo, vemos que eso no siempre se da, en la práctica.
• Democracia participativa: Es un tipo de democracia en la que la ciudadanía tiene mayor influencia en la política, pudiéndose expresar a través de canales legales. Implica un mayor compromiso con las decisiones de interés general y no solo con las que se deciden en elecciones.
• Democracia directa: Sistema político en el que el poder reside en el pueblo, quien toma decisiones políticas fundamentales sin intermediarios. Se funda en el ejercicio de la soberanía popular y está basado en la igualdad política de las y los ciudadanos. Se expresa en instancias como la iniciativa popular de ley, o la facultad para decidir mediante plebiscito algunos de los principales asuntos públicos de interés general, además de impugnar directamente el mandato representativo.
• Sistematización: el acto de organizar los resultados de un proceso participativo de forma que se puedan presentar de manera ordenada y consistente, permitiendo una visión del todo, sin tener que revisar el detalle de los contenidos uno por uno. 
• Devolución de resultados: consiste en rendir cuentas ante las personas que se involucraron en una instancia o proceso participativo, respecto de lo que sucedió posteriormente a su participación en ellos.  
• Grupos de especial protección: son grupos de la población que requieren de ciertos resguardos y acciones afirmativas por parte del Estado, producto de la desventaja en el goce de derechos a las que han sido sujetos. El INDH incluye dentro de estos grupos a niños, niñas y adolescentes, mujeres, migrantes, personas refugiadas, personas con discapacidad, comunidades LGBTIQ+, personas privadas de libertad, personas adultas mayores y pueblos indígenas, a lo que podemos agregar personas en situación de pobreza y población rural. 
• Interseccionalidad: concepto que nos ayuda a entender lo que significa pertenecer a más de un grupo de especial protección, pues implica un cruce de factores y condiciones de desventaja y desigualdad que moldean las experiencias de vida y la participación. Pertenecer a más de un grupo discriminado potencia la experiencia de exclusión y las dificultades para participar.

Entender el estallido social desde el prisma de la exclusión 

Este proceso constituyente nació de la participación espontánea informal de miles de personas en la calle a lo largo de todo Chile. Es un caso de incidencia política desde la ciudadanía en las y los tomadores de decisión, quienes iniciaron un proceso vinculante para darle cauce al malestar ciudadano y sus peticiones de un país mejor. 

Esta iniciativa fue y seguirá siendo de la ciudadanía. No reflejar eso en el funcionamiento de la convención sería una traición al origen de la misma, con las esperables consecuencias de descontento y desconfianza desde la calle.

El 18 de octubre se trató de denunciar las injusticias, desde la paciencia colmada y de la desconfianza en nuestros gobernantes y sus partidos. El 18O también se trató de la necesidad de redistribuir el poder y de la esperanza por un país menos desigual, que ponga fin a la impunidad y la corrupción. 

Al observar las múltiples peticiones, desde la salud y las pensiones hasta el reconocimiento de pueblos originarios y diversidades sexuales, es posible encontrar un factor común: existe una frustración producto de las políticas públicas que no están pensadas con ni para las personas que se deben de beneficiar de ellas. 

El malestar ciudadano que se evidencia en el relato de las manifestaciones, de una u otra manera, tiene origen en la vivencia de exclusión. Al no ser tomada en cuenta, la ciudadanía se siente invisibilizada por el sistema, un sentir que se incrementa mientras más vulnerables son los contextos. Eso es lo que debemos revertir con la oportunidad que tenemos por delante de escribir una nueva Constitución, habilitando una relación lo más horizontal posible entre las y los convencionales y quienes les eligieron.

Para romper con la tradición que invisibiliza, en especial, a los grupos de especial protección, debemos hacer las adaptaciones necesarias para procurar que estas comunidades dejen de ser las más marginadas, sin olvidar que la vivencia de exclusión y vulneración se intensifica para quienes pertenecen a más de un grupo (lo que llamamos interseccionalidad). 

Asimismo, debe existir un trabajo colectivo desde la bases y en todos los territorios para evitar que las cúpulas y/o el centralismo nuevamente excluyan a ciertos sectores de la población. Por último, para reconocer a todos estos grupos como sujetos de derecho, debemos habilitar su involucramiento a través de los mecanismos que más se adecúen a su realidades, y también hacer una apropiada devolución de resultados de los mismos. Solo si se les considera invisibles podemos dejar de reportarles posteriormente qué pasó con su contribución, sea cual sea el canal por el cual participaron.

Lecturas recomendadas