Más allá de las críticas que puedan hacerse a la Constitución chilena de 1980, es clave entender que después de cuarenta años es necesario revisar el impacto que ha tenido la aplicación del texto en la práctica democrática y política del país, confrontándolo con los cambios experimentados por Chile y el mundo.
Las nuevas tecnologías, la creciente complicación de las demandas ciudadanas, la necesidad de espacios de participación directa, son cuestiones que impactan en los modelos de democracia actual y permiten revisar e identificar las formas de convivencia y organización requeridos para avanzar en la adhesión a los proyectos democráticos.
Chile no ha tenido la posibilidad de ensanchar su democracia. La Constitución de 1980 concibe la participación política de manera muy restringida, dando la espalda a la participación ciudadana y estableciendo trabas para su modificación.
¿Cuál es la concepción política de la Constitución de 1980?
Esta guía forma parte de la Cartilla:
“Regímenes Políticos y Participación”, de Corporación Humanas
Una Constitución impuesta por la fuerza
La dictadura estuvo marcada por una sistemática concentración del poder en la junta de gobierno y por la violación de la Constitución que regía hasta entonces (Constitución Política del Estado de 1925).
Esto hizo que la junta de gobierno buscara generar leyes que justificaran sus actos autoritarios. Inicialmente lo hicieron a través de numerosos bandos y decretos ley, y luego reemplazaron la Constitución de 1925 por el Decreto Ley nº1 (Acta de Constitución de la Junta de Gobierno) [Link al Decreto], en el que se declaró que la junta asumía el “mando supremo de la nación”, esgrimiendo, como justificación del golpe de Estado, la misión de restaurar el orden y la institucionalidad de Chile.
La junta encabezada por Augusto Pinochet llegó a declarar que también asumía el poder constituyente.
Neutralización política
La Constitución Política de la República de 1980, redactada por una comisión especialmente designada por la junta de gobierno, representa el proyecto político de la dictadura.
El texto fue dividido en un articulado transitorio (que permitía a la junta de gobierno mantenerse al mando del país hasta avanzar hacia un nuevo modelo de “democracia protegida”) y uno permanente (en la cual entraría en vigencia el articulado permanente de la carta fundamental, que es el que rige hasta hoy).
La democracia “protegida” consagrada por la Constitución de 1980 contempla mecanismos para neutralizar la acción política y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Son los llamados “enclaves autoritarios”:
- Designación de senadores y senadoras – Fue derogado.
- Sistema binominal de elecciones para diputados/as y senadores/as – Fue reemplazado, en 2017, por un sistema proporcional.
- Altos cuórums exigidos para la reforma de la Constitución – Vigente.
- La existencia de materias que se regulan exclusivamente a través de leyes orgánicas constitucionales, de mayor cuórum que la ley ordinaria – Vigente.
- Un Tribunal Constitucional que actúa como un órgano político contra la voluntad de las mayorías.
“Neutralización de la política”: Los enclaves autoritarios pretendían que la voluntad política de la ciudadanía, en democracia, no modificara las reglas del juego y el modelo político impuestos por la dictadura.
Junto con la Constitución, la dictadura realizó las “siete modernizaciones”, que consolidaron el marco neoliberal y de democracia protegida. Estas son:
- Trabajo (plan laboral)
- Pensiones.
- Educación.
- Salud.
- Economía agrícola.
- Reforma judicial y administrativa.
Lectura para profundizar
Atria, F. (2013). La Constitución tramposa. Santiago de Chile: Lom.
Esta guía forma parte de la Cartilla:
“Regímenes Políticos y Participación”, de Corporación Humanas
