¿Qué son los principios de justicia ambiental climática?

El principio de justicia ambiental pone de relieve que, ahí donde hay injusticias económicas y sociales, también existen problemas de injusticias ambientales. 

Lo anterior se debe a que existen casos donde las cargas y los beneficios ambientales que provoca la instalación de un proyecto contaminante se distribuyen de manera desigual entre los territorios y las comunidades, recibiendo un exceso de cargas, en desmedro de los beneficios. Este es precisamente el caso de las zonas de sacrificio.

Por su parte, la justicia climática es una manifestación de la justicia ambiental que busca movilizar a los Estados en la adopción de medidas que hagan frente al cambio climático y que visibiliza los impactos diferenciados que este fenómeno provoca en la población, que perjudica principalmente a los grupos vulnerables, como las mujeres.

¿Por qué incorporar ambos principios en una nueva Constitución?

Tanto la justicia ambiental como la climática buscan evitar que sólo algunos grupos de personas o comunidades soporten las cargas ambientales (negativas) de una actividad, ya sea la contaminación, destrucción o degradación de ecosistemas, o bien, los efectos del cambio climático. Es decir, ambos buscan alcanzar la igualdad. 

Estos principios permiten exigir a los Estados la realización de acciones concretas que hagan frente a esta situación, acorde a las distintas responsabilidades que se posean en el asunto. 

¿Cuál es la importancia de estos principios para las mujeres?

Se ha demostrado que los impactos que tiene el cambio climático o los proyectos extractivos en un territorio (aceleradores del cambio climático) tienen efectos diferenciados según se trate de hombres o mujeres, ya que profundizan las desigualdades de género existentes en un territorio y la situación de dependencia y de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, principalmente, por las labores que le son encomendadas en función de su género. 

Estas actividades son parte de las “labores de cuidado”, que son todas aquellas que se requieren para que una persona sobreviva y se desarrolle en sociedad. Estas actividades son tan variadas que van desde la crianza o el cuidado de un adulto mayor, hasta conseguir agua potable en aquellos lugares donde es escasa, o comprar remedios para un enfermo.

Es por ello que, cuando se instala un proyecto extractivo en un lugar (o muchos, en el caso de una zona de sacrificio) y comienza a aumentar la contaminación y las enfermedades en las personas, o cuando se sufren los efectos del cambio climático (como es la sequía, por ejemplo), serían las mujeres las primeras en ser afectadas, ya que son ellas las que asumen esas labores impactadas y, por tanto, su solución. 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, los impactos del cambio climático afectarán desproporcionalmente a las personas de bajos recursos en zonas rurales, especialmente a las familias encabezadas por mujeres, debido al escaso acceso que tienen a la tierra, a la tecnología agrícola, a infraestructura y educación, por la discriminación y por la mayor situación de pobreza en la que se encuentran.

Sumado a lo anterior, en las zonas impactadas por la crisis climática y ecológica existen labores o cargas que recaen desigualmente en mujeres. Un ejemplo de estas labores se da en el caso de la provisión de agua a las familias, donde según datos las Naciones Unidas una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, siendo las mujeres y niñas quienes pasan la mayor cantidad de tiempo desplazándose en búsqueda de agua. Con respecto a las cargas, según un estudio realizado por Carmen Valls, las mujeres son más vulnerables y acumuladoras de agentes tóxicos, y existe una relación entre estos y el aumento del cáncer de mama. Por tanto, este tipo de situaciones acentúan la desigualdad subyacente en las mujeres que viven en los territorios impactados.

Ante esta situación, ¡debemos actuar!

Como país no servirá de nada si adoptamos medidas para enfrentar la crisis climática, pero no ponemos atención en las diversas formas en que ésta impacta en las personas y comunidades.

Incorporar los principios de justicia ambiental y climática significaría tener en consideración las desigualdades que existen al enfrentar la crisis, evitando generar nuevas zonas de sacrificio, encontrando solución a las actuales e incorporando una perspectiva de género en las nuevas medidas a enfrentar.

—–

El contenido de esta guía fue elaborado por Macarena Martinic, Constanza Gumucio y Victoria Belemmi, de ONG FIMA.