El derecho humano al medio ambiente sano es el que tenemos todas las personas a desenvolvernos en un entorno adecuado para la vida humana, ecológicamente equilibrado y saludable. En este sentido, no es sino una manifestación del derecho a la vida y, como tal, requiere tener un lugar central en una constitución que ponga la vida en el centro.
Ahora bien, existe consenso a nivel internacional sobre que, para dar efectiva protección al derecho a un medio ambiente sano y al derecho al medio ambiente, es importante garantizar también los derechos de acceso.
¿Qué son los derechos de acceso en materia ambiental?
Se ha denominado derechos de acceso a un conjunto de tres derechos:
- El derecho a acceder a la información ambiental con la que cuenta el Estado y las empresas.
- El derecho a participar en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.
- El derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales, debiendo proporcionar los Estados un acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos.
¿Por qué son necesarios los derechos de acceso?
Desde la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se ha asentado el convencimiento de que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”.
Si garantizamos que la ciudadanía obtenga un correcto acceso, oportuno y sencillo, a la información, podrá aumentar y mejorar su participación en las decisiones relevantes para el medio ambiente y su territorio. Asimismo, se asegura que las decisiones sean tomadas con miras al bien común y que, en caso contrario, estas puedan ser reclamadas.
Si queremos continuar en la profundización de nuestra democracia, tenemos que asegurar que los derechos de acceso se aseguren en igualdad de oportunidades, en especial de aquellos sectores de la sociedad que tradicionalmente han sido subrepresentados, como las mujeres.
Las mujeres en la defensa del medio ambiente y la acción climática
Las mujeres presentan mayor preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. En línea con ello, no es extraño que el ejercicio de la defensa y cuidado del medio ambiente se encuentre, en gran parte, a cargo de mujeres. Estas suelen ser el pilar de su comunidad, asumiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de la vida.
Lo anterior puede deberse a múltiples causas. Por un lado, producto de la división sexual de los roles, donde ya hemos visto que las mujeres históricamente se han encargado de las labores de cuidado y, por otro lado, la participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente puede deberse a que la labor específica que ejercen en sus comunidades recae directamente sobre recursos naturales, como es el caso de campesinas y temporeras. En efecto, de acuerdo con una publicación del PNUD, las mujeres se hacen cargo de entre un 50% y un 80% de la producción de alimentos en el mundo.
Sin perjuicio de que la labor de las mujeres en la defensa del medio ambiente se encuentra invisibilizada, podemos ver un sinnúmero de movimientos en Latinoamérica que lideran mujeres y organizaciones integradas por mujeres para la defensa del medio ambiente, como las mujeres Xincas en Guatemala, mujeres del Ejercito Zapatista en México, mujeres indígenas en Ecuador contra la extracción de petróleo, de Cajamarca en Perú, Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y en Uruguay grupos de mujeres en contra de las plantaciones de soya. En nuestro país también podemos observar lo anterior, con ejemplos como: Mujeres por las Zonas de Sacrificio; Anamuri, Ciudad Feminista, Modatima Mujeres y Ecociencias.
El panorama es desigual
El contexto en el que se realiza la defensa del medio ambiente no es uno de igualdad, sino de discriminación estructural y violencia hacia la mujer.
De acuerdo con el Informe del Relator Especial de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de las Naciones Unidas las mujeres pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual para disuadirlas de su defensa ambiental. De esa forma, en comparación con defensores masculinos, las activistas que defienden sus derechos a la tierra y a un medio ambiente sano se enfrentan a amenazas adicionales específicas por el hecho de ser mujeres.
“Como han observado las defensoras de los derechos humanos, las mujeres son atacadas por promover y proteger los derechos humanos tanto por su identidad como por lo que hacen”. Informe del Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2019.
Por lo mismo, el fortalecimiento a nivel constitucional de los derechos de acceso y de herramientas que les permitan informarse, participar y acceder a la justicia se hace especialmente importante cuando se trata de ellas.
¿Y esto significa que solo las mujeres son las encargadas de salvar el planeta?
¡Por supuesto que no! Las mujeres han sido y continúan siendo agentes fundamentales de cambio, pero el trabajo de cuidar el planeta debe recaer en todos y todas.
El difícil recorrido de EscazúEl Acuerdo de Escazú es el primer tratado de América Latina y el Caribe en asegurar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y en contener disposiciones que protegen a las defensoras ambientales.
Si bien Chile tuvo un rol importante en las negociaciones, su ratificación demoró por la oposición de sectores que no querían avanzar en materia medioambiental, mientras organizaciones sociales se movilizaban activamente exigiendo su pronta ratificación. Después de cuatro años, en junio de 2022 fue ratificado y comenzó el proceso de implementación.
Referencias citadas:
- Colectivo Miradas críticas del Territorio desde el Feminismo (2017). (Re) patriarcalización de los territorios. La lucha de las mujeres y los megaproyectos extractivos. Ecología Política, p. 65-69.
- De Luis, Elena (2018). El medio ambiente sano: La consolidación de un derecho. Rev. Bol. Der. no.25 Santa Cruz de la Sierra.
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El contenido de esta guía fue elaborado por Macarena Martinic, Constanza Gumucio y Victoria Belemmi, de ONG FIMA.