El proceso constitucional se presenta como una gran oportunidad, no solamente para responder a las demandas que vienen de las calles, sino también para crear instituciones y procesos más participativos y representativos, capaces de adaptarse a los cambios y nuevas demandas que puedan emerger en el futuro.

Gobernanza y democracia desde el nivel local

Cuando hablamos de gobernanza y democracia, nos planteamos ante la cuestión de cómo vivir en colectivo, de cómo nos organizamos como sociedad y encontramos soluciones para los conflictos que surgen. Este vivir en colectivo debe incluir a todas y todos los habitantes y las múltiples necesidades asociadas a sujetos diversos, con una participación efectiva que permitan garantizar el ejercicio de los derechos socio-espaciales. 

Se hace indispensable, por tanto, la inclusión y desarrollo de instrumentos que permitan una real distribución de poder y recursos -reconociendo y potenciando la formación de agrupaciones territoriales diversas e inclusivas-,  y que generen procesos que potencien y contribuyan a una participación efectiva de las mujeres y disidencias. 

En ese sentido, hay importantes reflexiones que pueden emerger desde el nivel local, principalmente en lo que se refiere a la construcción de procesos e instituciones más flexibles y representativas. 

Por un lado, queda la cuestión de descentralización de competencias y la necesidad de más autonomía para el nivel local. Los gobiernos locales se caracterizan por un mayor nivel de proximidad a la ciudadanía y a las demandas que surgen del cotidiano, lo que les exige más flexibilidad, competencias y recursos para hacer frente a demandas relacionadas a la vivienda, movilidad, servicios básicos y otros. Por otro lado, justamente esa mayor proximidad abre el camino para la emergencia de procesos más participativos.

De cualquier forma, queda claro que el nivel local es clave para reforzar la legitimación de los procesos e instituciones democráticas como un todo y que el liderazgo y participación de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil son clave para ello. 

Entender la ciudad desde la interacción de diversas personas implica entenderla desde una mirada colectiva y comunitaria, lo que requiere que la toma de decisiones también provenga desde lo colectivo, de manera multiescala (gobierno central, regional, municipal, ciudadanía). Por lo tanto, ciudades justas necesitan nuevos modelos de gobernanza, democracia, institucionalidad y descentralización de decisiones. 

Líneas propuestas para una nueva Constitución 

• Reconocer la capacidad de deliberación y gobernanza de las organizaciones de base.
• Lograr una distribución orgánica de las municipalidades, avanzando hacia un modelo más descentralizado.
• Reestructurar gobiernos locales y otorgar más poder a las instituciones públicas, fortaleciendo las instituciones que comprenden el aparato estatal (ministerios, fuerzas de paz y orden, etc.) para que la ciudadanía se sienta no solo reflejada en ellas, sino además protegida, reconocida y respetada. Dichas instituciones democráticas deben ser dinámicas, es decir, precisan ajustarse en el tiempo a los cambios constantes de la gente.
• Aplicar un enfoque de derechos, incluyendo y reconociendo en particular el enfoque de género.
• Descentralización de las instituciones y distribución del poder de decisión, competencias y recursos.
• Más participación en las instituciones y en la toma de decisiones, fomentando herramientas como la paridad.
• Educación como motor para formar a los y las futuras ciudadanas.
• Defensa de lo público/comunitario como vector para la protección de derechos y realización de ciudades entendidas como bienes comunes, y que garanticen el acceso de todas y todos a las oportunidades y servicios básicos.
• La participación ciudadana de base como una herramienta clave para ejercer la democracia. Esto trae como consecuencia una presencia e importancia mayores de, por ejemplo, organizaciones funcionales de la sociedad civil, juntas de vecinos, ONG, etcétera, que tratan de abarcar la visión de la ciudadanía y que hoy no necesariamente es recogida por la institucionalidad del aparato estatal. Esto es de la mayor importancia, a fin de mantener actualizadas a las instituciones y viva la vocería sobre quienes se delibera a nivel jurídico.

Lectura para profundizar

Falú, A. M., García Pizarro, M., Echavarri, L., Tello Sánchez, F., & Valle García, J. (n.d.). Guía para la planificación estratégica local con enfoque de género (Unión Iberoamericana de Municipalistas, Vol. 11/1012).