Las organizaciones sociales llevan años movilizándose y levantando propuestas para avanzar en derechos: a pensiones dignas, a la educación, a la salud, a un medio ambiente libre de contaminación…
¡Esto es política!
La ciudadanía sí participa políticamente: se organiza y articula en pos de reivindicaciones y luchas, desde aquellas que parecen gremiales hasta la exigencia por una nueva Constitución… pero la Constitución de 1980 no lo cree así.
En esta cartilla veremos cómo los ideólogos de la Constitución concibieron lo política, lo social… y la relación entre ambos.
Esta guía forma parte de la Cartilla:
“Regímenes Políticos y Participación”, de Corporación Humanas
La crisis de legitimidad de las instituciones se expresó con formidable fuerza en las masivas movilizaciones de octubre de 2019, creando la posibilidad del proceso constituyente.
Tras largos años de precariedades y descontentos, la ciudadanía se cansó de no ser escuchados y de no poder incidir en el poder político para mejorar sus condiciones de vida… y salió a protestar.
Las movilizaciones han sido muy políticas en su contenido, vinculando los malestares concretos con el sistema político vigente y su incapacidad para involucrar efectivamente a la ciudadanía en las decisiones que se toman al interior de las instituciones, excluyendo sus voluntades, necesidades e intereses.
Pero esto no fue de un día para otro. Hace años ya la ciudadanía estaba movilizándose: el movimiento estudiantil se convirtió en un actor político insoslayable, desde los tempranos 2000; como también lo hicieron las articulaciones medioambientales, las organizaciones feministas, las de lucha por el derecho a la vivienda, las que luchan por un sistema de seguridad social, entre otras.
Grupos intermedios
Esta participación política que se da en las calles ha sido por años excluida de la institucionalidad… todo se diseñó para que así fuera.
Veamos cómo se relaciona “lo social” con “lo político”…
La Constitución (CPR) dice, en su artículo 1: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Este es el principio de autonomía de los grupos intermedios.
Analicemos…
Los grupos intermedios son las organizaciones sociales y, para la Constitución, estos tienen fines específicos relacionados con su propia organización. Por ejemplo, un club deportivo: sus fines se relacionan con tener un lugar donde practicar, ropa deportiva, etc; pero no con pensar políticas públicas para incentivar que las mujeres puedan practicar deporte.
Con “adecuada autonomía”, la Constitución se refiere a autonomía en relación con la política, que trabaja por fines ajenos a los de la organización.
Esta desconfianza en la política y la idea de que esta invade y contamina la sociedad es expresiva del neoliberalismo presente en la Constitución de 1980.
En ello hubo también una intención deliberada de desarticular espacios sociales que se habían politizado crecientemente, tales como sindicatos, colegios profesionales, gremios, entre otros.
Así, la Constitución también prohíbe que una dirigenta o dirigente gremial ejerza una dirigencia en un partido político (artículo 23 de la CPR) y que una organización sindical intervenga en actividades político partidistas (artículo 19, n°9 de la CPR).
La legislación del Derecho del Trabajo, tanto en la Constitución como en las leyes sectoriales, estrechan todavía más el ámbito de acción de las organizaciones de trabajadores/as, estrechando el derecho a la negociación colectiva, huelga y negociación por rama.
La instancia donde la Constitución busca depositar lo político son los partidos políticos, que se constituyen conforme a la ley bajo estrictos requisitos.
Esta visión de la política desconoce que:
La política se expresa en todos los ámbitos de la vida social y, con mayor intensidad, en aquellos espacios en que la sociedad se articula, como ocurre en las disputas sindicales.
Este divorcio intencional entre la sociedad y la política dificulta que las instituciones puedan acoger y procesar las demandas de los grupos organizados de la sociedad.
Lo anterior contrasta con la importante participación con que cuenta el poder empresarial en política, organizado gremialmente, o no.
Participación política en una sociedad con derechos sociales mercantilizados
La participación política en Chile es un lujo que no todos pueden darse.
¿Por qué? Ahí les va:
Porque los derechos sociales están mercantilizados, es decir, se transan en el mercado (se compran y se venden).
Los derechos sociales son parte de los llamados “derechos de segunda generación” (derechos sociales, económicos y culturales), que comprenden las esferas que le otorgan bienestar y desarrollo a la vida humana, como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y derechos laborales y, en general, a prestaciones que le otorguen un nivel de vida adecuado.
La Constitución de 1980 garantiza derechos sociales a las personas, pero estos deben ser provistos por el mercado. El Estado solo interviene cuando la iniciativa de mercado no es suficiente. Esto es el principio de subsidiariedad.
A su vez, esto modifica la concepción de ciudadanos, ya que pasamos a ser “titulares de servicios” (no de derechos) que debemos pagar para acceder a nuestros derechos. Así, nos alejamos del concepto de “universalidad”.
La universalidad significa que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos humanos simplemente por ser humanos, independientemente de dónde vivamos o cuánto podamos pagar.
La Constitución deja el acceso a los derechos sociales a merced de la capacidad de pago de cada persona. Esto es particularmente crítico, por ejemplo, en materia de educación, salud y previsión, y también tiene un efecto en la participación política de la ciudadanía.
¿Consumidores o sujetos políticos?
Bajo el principio de subsidiariedad y con la concepción neoliberal de la política, las ciudadanas y ciudadanos nos parecemos más a consumidores que a sujetos políticos, porque nuestras condiciones de empleo determinan el nivel de vida que podemos alcanzar.
En ese esquema, sumado a la separación entre política y vida social, la participación en los asuntos públicos es un lujo que no cualquiera puede darse: requiere tiempo, dedicación y desplazar otros intereses o necesidades en favor de ella. En ese sentido, una sociedad mercantilizada perjudica la participación política sustantiva de la ciudadanía.
Hacia una Nueva Constitución
En el debate que comenzamos hay que considerar que el valor de la democracia y la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones sobre la vida en común cuente con un diseño constitucional que propicie el encuentro de la vida social y la política institucional. Para ello, es fundamental revisar la regulación de los grupos intermedios bajo la consideración de que la política y la democracia no son peligros para las instituciones, sino su sustento.
Lecturas para profundizar
Castro, J. (2016). Jaime Guzmán. Ideas y política: 1946-1973. Corporativismo, gremialismo, anticomunismo. Volumen I. Santiago de Chile: Centro de Estudios Bicentenario. Cristi, R. (2001). El pensamiento político de Jaime Guzmán. Santiago de Chile: Lom. Ruiz-Tagle, P. (2016). Cinco repúblicas y una tradición. Constitucionalismo chileno comparado. Santiago de Chile: Lom.
Barros, R. (2005). La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de 1980. Santiago de Chile: Universitaria.
Esta guía forma parte de la Cartilla:
“Regímenes Políticos y Participación”, de Corporación Humanas
