Por Nathali Rátiva Martínez*

Aunque la violencia contra las mujeres en política (VCMP) es un fenómeno padecido desde hace mucho tiempo por las mujeres que habitan la política y ejercen liderazgos sociales en sus comunidades, este solo ha surgido como un problema conceptual desde hace muy poco en la región latinoamericana.

Bolivia fue el primer país en abordar este tipo de violencia de manera diferencial en el año 2000 y, desde entonces, académicas, organizaciones de mujeres, feministas y lideresas políticas han hecho grandes esfuerzos por conceptualizar lo que hoy se conoce como uno de los principales obstáculos para la participación política de las mujeres. 

Pero ¿qué es la VCMP y cómo podemos entenderla?

En Colombia, desde el año 2016, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria –NIMD- ha trabajado de la mano con entidades del gobierno y la cooperación internacional para caracterizar este tipo de violencia en el país. A la fecha, NIMD ha producido dos informes a través de los cuales ha contribuido, por un lado, a delimitar conceptualmente el fenómeno y, por el otro, a entender en la práctica sus consecuencias en la vida de las mujeres y sus liderazgos.

Las amenazas, los insultos, la intimidación, la negación del uso de la palabra, el acoso sexual, la restricción de los recursos para el ejercicio efectivo de cargos políticos, las golpizas y, en los casos más extremos, la muerte, no son actos aislados o esporádicos; por el contrario, son sistemáticos y forman parte de las manifestaciones de esta violencia que NIMD ha logrado rastrear en sus informes. 

Cabe resaltar que la VCMP es entendida como:

Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción de su afinidad política o ideológica. Así mismo, que tenga por objeto o resultado menoscabar, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo. 

La violencia contra las mujeres en la vida política comprende, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica (Proyecto de Ley 234/20 de Senado – Proyecto de Ley Estatutaria 409/20 de Cámara de Representantes).  

Por ende, la VCMP es el efecto no deseado de la participación política de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones. Además evidencia las resistencias de aquellos que se niegan a redistribuir el poder de manera equitativa. 

Esta violencia tiene múltiples consecuencias en Colombia: socava la democracia al impedir el pluralismo político y la multiplicidad de voces, condición necesaria para una representatividad incluyente; limita la consolidación de los liderazgos femeninos y sus carreras políticas; impide que las agendas de las mujeres lleguen a planes, políticas y programas de gobierno al restringir su participación en el escenario político; genera graves efectos emocionales y psicológicos en la vida de las mujeres y de sus familias; y, finalmente, cuando esta violencia alcanza su principal objetivo, se pierde del aporte de las mujeres a la construcción de país. 

Hoy 6,8 de cada 10 mujeres en Colombia son víctimas de la VCMP. La cifra enciende las alarmas frente a las actuaciones del Estado para prevenir esta violencia, reparar a las víctimas y garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

Con el propósito de ayudar a superar estos retos, desde NIMD, y en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se ha puesto en marcha el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, un espacio que analiza de manera cuantitativa y cualitativa este fenómeno, entendiendo que la democracia, sin la participación de las mujeres, siempre estará incompleta. 

* Nathali Rátiva Martínez es comunicadora social y periodista, magister en servicios públicos y políticas sociales de la Universidad de Salamanca, y candidata a doctora en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la misma universidad. Actualmente es oficial en equidad de género del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y coordinadora del programa Leap for Peace.